Asociaciones de productores advierten que la eliminación del Registro de Contratos de Ventas Agrícolas, que pretende el gobierno de Cornejo, pone en riesgo la subsistencia de los productores primarios y beneficia a industriales infractores que recibirán el perdón de sus deudas con el Estado. Legisladores de la oposición se muestran en contra del proyecto de desregulación del mercado que, por ahora, se discute en comisiones de la Cámara de Senadores.
Por Redacción EL OTRO
Tras conocerse la intención del Gobierno provincial de derogar la ley 9133, del Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas, agrupaciones de productores salieron a manifestarse en contra de la medida, porque sostienen que de aprobarse se quedarían sin protección en el mercado de las materias primas. El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, la pata libertaria del Ejecutivo, presentó el proyecto en la Cámara de Senadores a principios de junio.
La administración Cornejo justifica su decisión con el argumento de “reducir la burocracia y simplificar los procesos para el sector agroindustrial” y dice que el objetivo es “proteger a los pequeños productores”. Pero está claro que la eliminación de la ley significa a todas luces un retiro del Estado de la comercialización de productos frutihortícolas y el consecuente retorno al “acuerdo entre partes”, ese limbo en el que los industriales imponen a su antojo las condiciones.
Una de las voces que se alzó en contra de la eliminación del Registro de Contratos fue la de la Sociedad Rural del Valle de Uco. En un comunicado publicado en los últimos días la entidad sostiene que el Gobierno se basa en inexactitudes para derogar la norma vigente: “Se afirma que los fines originarios de la ley no se han cumplido. La realidad muestra que la ley 9133 ha protegido a más de ocho mil productores, con más del 90% de los establecimientos sin incumplimientos. Se menciona la imposibilidad de fijar precios antes de la entrega de los productos. Precisamente, esta ley se originó para contrarrestar el aprovechamiento de la posición dominante de la industria. Se sostiene que en los foros los productores no se ven beneficiados. No existe acta alguna de las Mesas de Concertación que respalde tal afirmación”.
El manifiesto ruralista, que también lleva la firma de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) señala otras “inconsistencias” y enciende la alarma, porque al retirarse el Estado desaparecerán las multas para los infractores y se dejarán sin efecto las que se labraron en los últimos años. “Este perdón constituye un antecedente peligroso para la administración pública y beneficia de manera especial a unas pocas 20 empresas, que acumulan deudas que podrían alcanzar los 1.200 millones de pesos, castigando a 600 industriales cumplidores que respetan la ley”.
El proyecto impulsado por el oficialismo fue presentado el 6 de junio en la Cámara Alta y en las últimas semanas tuvo tratamiento en las comisiones de Economía y Comercio Exterior y Legislación y Asuntos Constitucionales.
En esas jornadas distintas agrupaciones de productores expresaron su disconformidad frente a la posible derogación. Nicolás Vicchi de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) expresó que, aunque la ley no haya logrado su objetivo original de regular los precios y mejorar las condiciones para los productores, “en lugar de derogarla habría que realizarle ajustes y mejoras para adaptarla a la realidad actual del sector cooperativo y vitivinícola”.
Por su parte, Edgardo Roby de APROEM (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza) indicó que lo adecuado sería “revisar y ajustar la ley para no desregular completamente un sector tan crucial como la vitivinicultura, que enfrenta desafíos específicos y abusos en el mercado”.
En el mismo sentido se manifestaron Diego Stortini, de la Unión de Productores Primarios, Matías Manzanares, de la Asociación de Viñateros de Mendoza y Arturo Bertona, reconocido productor vitivinícola de la zona Este.
Entre los legisladores de la oposición, el proyecto libertario también encontró gestos de desaprobación. El senador peronista Gerardo Vaquer y la diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, argumentaron por qué se oponen a la desregulación del mercado de materia prima.
Vaquer, basándose en un extenso conocimiento personal y familiar sobre la cadena de producción, puso en primer plano la vulnerabilidad de los productores frente a los industriales y, en ese sentido, analizó que “derogar la ley sería un error, ya que, aunque imperfecta, es fundamental para proteger a los productores”. El legislador lavallino propuso “trabajar extensamente para mejorar la legislación” y agregó: “le pedimos al oficialismo que no se derogue la ley y que hagamos un esfuerzo conjunto por el futuro de la producción de Mendoza. Sin productores no hay alimentos”.
Entre tanto, la diputada Lizana, reconocida productora de la zona Este, cuestionó la ausencia de seguridad jurídica para quienes producen y la falta de contratos escritos. Además, en contraste con la realidad local, señaló que en países de Europa y en Australia la formalización de las contrataciones es esencial para garantizar la lealtad comercial y la seguridad del productor.
La derogación de la ley de Registro de Contratos tiene, desde luego, el apoyo del sector industrial que se entusiasma con la vuelta de las desregulaciones neoliberales, planteando una vez más la “necesidad” de eliminar la burocracia y, por consiguiente, la intervención del Estado.
En el camino hacia el recinto del Senado, se descuenta el acompañamiento cerrado de todas y todos los legisladores de la alianza pro-radical, que en los últimos seis meses aprobaron 40 iniciativas del gobernador Cornejo.
Sin contención, la desregulación del mercado de productos agrícolas avanza para dejar sin validez una ley que se pensó como garantía para el productor, en cuanto al acuerdo de precios y formas de pago a la hora de entregar la mercadería. El proyecto del propio radicalismo había surgido en 2018 para regular las ventas en el sector viñatero y, en 2020, ante la demanda del sector, se extendió para abarcar las ventas de duraznos, ciruelas, aceitunas, ajos y tomates.
Basta con repasar la historia de las desregulaciones económicas recientes, para anticipar cuál será la suerte de los pequeños productores, cuando los grandes industriales fijen libremente sus propias reglas.
El Otro Fuente