El gobernador, Alfredo Cornejo, trazó un plan para que IMPSA vuelva a ser un emblema del desarrollo metalmecánico de Mendoza
“La prioridad es capitalizar a la empresa”. La frase podría haber sido dicha por Rodolfo Suarez en el 2021, cuando Mendoza acordó invertir 20 millones de dólares para el salvataje de IMPSA. Pero no, la dijo el ministro de Hacienda Víctor Fayad este martes al pedirle a la Legislatura que ahora avale la venta de aquellas acciones. Es decir, otra vez la provincia está dispuesta a fortalecer a la metalmecánica, que tiene los números en rojo y aún así parece tentadora para una firma estadounidense que quiere comprarla.
Tan decidido están Cornejo y su equipo a privatizarla que ante la inminente oferta de la firma ARC Energy que se conocerá en 20 días, ya adelantaron que podrían resignar el pago de las acciones que tiene en la firma a cambio de que el comprador muestre cómo va a hacer para capitalizarla. Claro esto no es altruismo, ni falsa generosidad. Detrás de esa decisión de Cornejo hay toda una apuesta.
Las razones actuales y pasadas para el salvataje son bastante similares. En aquel momento la empresa mendocina atravesaba una crisis insostenible y estaba a un paso de la quiebra, por lo que el ex presidente Alberto Fernández desembolsó 15 millones de dólares y Suarez cedió otros 5 millones de dólares que venían de aportes no reembolsables (ATN) para comprar entre ambos 84,9% de las acciones de IMPSA.
Era la manera de salvar a la icónica metalmecánica, para no echar a 720 empleados y para que sobrevivieran las más de 100 pymes que son subsidiarias de IMPSA y le prestan diferentes servicios en sus mega proyectos.
Pero en estos 3 años pasaron cosas: la macroeconomía no ayudó y tampoco se cumplieron los planes de lo que se firmó aquel 3 de junio del 2021.
El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el FONDEP, propietario de 63% de las acciones de la Nación, no puso en el último tiempo el 50% que había comprometido para terminar obras clave que encaró la metalmecánica para otras provincias. Por eso están frenados dos parques fotovoltaicos para San Juan, un parque eólico para Santiago del Estero y la repotenciación de una central hidroeléctrica de Río Grande, en Córdoba.
Eso más el arrastre de la tremenda deuda que le dejó Venezuela, de más de 300 millones de dólares, en parte explica porqué la firma tiene un pasivo de 480 millones de dólares, aún cuando tenga firmados contratos por la mitad de esa deuda, por poco más de 240 millones de dólares de proyectos que no puede concretar.
Es justamente ese rojo lo que hace que ahora el ministro de Hacienda Víctor Fayad desnude la estrategia del Gobierno para deshacerse de las acciones de una empresa cuyo flujo de negocios es negativo y a la que el Estado mendocino nunca quiso comandar.
“No compramos las acciones para hacer negocio, sino para salvar la empresa”
Este es el momento y no hay mucho tiempo para perder. El Gobierno sabe que a mediados de septiembre recibirá la oferta de ARC Energy y para entonces planea tener la aprobación de la Legislatura para vender el 21% de las acciones de IMPSA.
Por eso Fayad no dio rodeos cuando enfrentó a los diputados. “La prioridad es capitalizar a la empresa y no recibir como accionistas un precio por la venta de las acciones. Nosotros no compramos las acciones para hacer negocio, con la idea de comprar barato para venderlas mejor, se las compró para salvar la empresa” tiró en la mesa y a varios les asombró esa postura.
Los argumentos son varios. En Casa de Gobierno aseguran que en este momento de la empresa, con un pasivo que duplica la posibilidad de contratos firmados, el valor de las acciones es casi nulo.
“Una empresa vale por el flujo de negocios que genera. Si genera $10 y gasta $11, entonces su flujo es -$1 y eso se refleja en sus acciones” apuntan los contadores del tercer piso.
Ante ese escenario, y subidos a la decisión de la Nación de desprenderse de las acciones que tiene el Estado, en Mendoza se aferran a la idea de que ante la o las propuestas de compra que reciban van a priorizar aquella que muestre cómo se va a capitalizar la firma.
“Si el ofertante propusiera dos escenarios, por ejemplo de invertir $100 y dividirlos pagándonos $50 por las acciones y dejando $50 para capitalizar la empresa, o directamente poner los $100 en capitalizarla, nosotros vamos a elegir esa opción sin dudas y vamos a priorizar el plan de negocios que presente”, explicó Fayad.
Otros apuntalan la decisión con argumentos políticos. Recuerdan que cuando se tomó la decisión de salvar la empresa en el 2021 Mendoza no puso los fondos, sino que aquellos 5 millones de dólares vinieron de ATN que desembolsó la Nación específicamente con ese fin. Palabras más, palabras menos marcan que la provincia no puso ni un peso en aquella capitalización, que fue estratégico sumarse para apuntalar una empresa que tiene un enorme peso en la economía mendocina, y que por tanto, si hoy no cobra por las acciones que vaya a vender, eso tampoco significará una pérdida para las arcas locales.
No lo vociferan, pero admiten además que hoy la situación de IMPSA es por demás complicada. En el último acuerdo preventivo extrajudicial con los acreedores reconoció una deuda que ronda los 480 millones de dólares y si alguno de ellos iniciara un reclamo judicial, Mendoza también debería salir a poner dinero de sus fondos porque es socia de la firma.
Por si todo eso no bastara, también suman que el Estado mendocino como accionista nunca buscó tomar las riendas de la empresa, algo que además no habría podido por la escasa cantidad de acciones. “El Estado no es bueno para eso, y nunca fue el objetivo de adquirir esas acciones. Ahí debe estar el privado que conoce el negocio y sabe hacerlo”. reforzaron.
Todo ese rosario de razones parecieron no ser suficientes para varios de los diputados de la comisión de Presupuesto y Hacienda que analiza la venta de las acciones de IMPSA, por lo que pidieron un informe que en los próximos días sumará el oficialista Jorge López, encargado de defender la estrategia del Gobierno.
Por qué IMPSA se vuelve tentadora para una firma estadounidense
Aún con todo ese panorama de deuda, la ex Pescarmona se vuelve una empresa tentadora, al menos para la firma estadounidense ARC Energy que ya firmó una intención de compra en julio pasado y hace días pidió al Estado una prórroga para estudiar en profundidad el estado contable, financiero, legal y de los contratos que tiene firmados. Ese plazo se vence el 15 de septiembre que será el momento en que dé a conocer su oferta.
Hay quienes sospechan que ese potencial comprador se tomó este tiempo también para contactar a los acreedores y proponerles algún arreglo.
“En la actual situación de IMPSA varios de esos acreedores no tienen expectativa de poder cobrar y saben que si se declarara en quiebra, los primeros en cobrar serían los empleados y si quedase capital se cubriría algo de la deuda que tienen. Por eso ellos también se entusiasman con que aparezca una empresa con espalda para capitalizar IMPSA y tal vez proponerles un proceso de pago a 10 años, porque así al menos podrían recuperar algo de lo que hoy dan por perdido”, explicó una fuente cercana a la empresa.
Además, esa potencial comprador, sea ARC Energy o alguno de las dos multinacionales que sobrevuelan la firma del carril Rodríguez Peña, están mirando la curva de proyectos que tiene en carpeta y otros que se podrían abrir en el corto plazo, tanto en Mendoza como en las provincias vecinas. En estas tierras por ejemplo podría avanzar en la obra del dique El Baqueano, proyectado en San Rafael, o en alguna de las obras que se abrirán en Vaca Muerta.
Renunció Totero y Mendoza evalúa si nombra un reemplazante en el directorio
El jueves pasado se conoció que el mendocino Julio Totero, quien era miembro del directorio de IMPSA en representación de las acciones de Mendoza renunció a ese cargo.
El referente metalmecánico adujo que su salida de la firma no tenía relación con el proceso de privatización, sino que se debía a razones personales, aunque aclaró que a su entender ya había cumplido con la tarea que se le encomendó, de “poner en valor la firma”.
De igual manera esa renuncia se debe aceptar formalmente en la próxima asamblea del directorio, y entre tanto en Casa de Gobierno evalúan si nombran a su suplente, el coordinador general del Ministerio de Producción, Marcelo Japaz, o si deciden dejar acéfalo ese lugar, ante la inminencia del proceso de venta de las acciones.
“IMPSA: ejemplo del fracaso del relato del Estado presente”
Una de las voces más críticas del salvataje de IMPSA que hicieron en conjunto Nación y Mendoza en el 2021 fue la entonces diputada provincial del PD, Mercedes Llano, hoy diputada nacional de La Libertad Avanza.
Claramente la legisladora está a favor de la privatización de la metalmecánica que impulsa Javier Milei, pero ante la consulta de este medio se encargó de marcar que la actual situación de la firma es la muestra de que el Estado no debe “entrometerse”
“IMPSA es un contundente ejemplo del fracaso del relato del Estado presente, implementado por el populismo kirchnerista a nivel nacional y por el cornejismo en el orden provincial. Hace años, desde el PD, venimos objetando la política intervencionista instrumentada en Mendoza hasta la actualidad, en el marco de la cual el Gobierno se ha embarcado en la aventura de jugar al ‘Estado Empresario’ mediante la estatización y creación de sospechosas empresas. Nos opusimos a la estatización de IMPSA anticipando que todo lo que toca el Estado lo destruye y funde. Es lo que, efectivamente, sucedió. Ese negocio, que borró la ‘supuesta grieta’, en beneficio del festival de directores y síndicos amigos nominados por los K y el gobierno provincial, terminó por afectar el bolsillo de los mendocinos”, definió Llano.
En aquel momento, cuando el gobierno de Rodolfo Suarez le pidió a la Legislatura el aval para comprar las acciones de IMPSA, la misma Mercedes Llano respondió con un razonamiento que hoy sigue sosteniendo.
“No le estamos proporcionando un salvataje a IMPSA, le estamos tirando desde el Estado un salvavidas de plomo. Basta de buscar las soluciones por el lado de un Estado cada día más omnipresente, inepto y gigantesco. Estos problemas se subsanan con más mercado y menos injerencia del sector público”.