Este lunes, la Policía Ambiental Minera realizó controles en instalaciones de la empresa multinacional San Jorge. De esta manera, el Gobierno de Mendoza acelera los pasos administrativos para aprobar el Informe de Impacto Ambiental que permitiría la explotación de cobre a gran escala en el Valle de Uspallata. La avanzada oficial se produjo dos días después de que la comunidad uspallatina encabezara una manifestación en la Ciudad de Mendoza, para exigir el archivo inmediato y definitivo de este proyecto extractivista y la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
El Gobierno de Mendoza publicó este lunes un comunicado de prensa informando que la Policía Ambiental Minera realizó controles en el denominado Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, como parte del proceso de evaluación del nuevo Informe de Impacto Ambiental que presentó recientemente la sociedad anónima Minera San Jorge, que pretende explotar yacimientos del Valle de Uspallata.
El Ejecutivo decidió dar amplia difusión pública a un acto administrativo que, en condiciones normales de gestión, solo merecería ser consignado en el expediente en curso. La razón política es clara: por un lado, mostrar a las corporaciones mineras la máxima celeridad para el tratamiento de la propuesta de ese sector y, por el otro, ratificar que no cederá a los persistentes cuestionamientos de las y los mendocinos que, a comienzos del gobierno de Rodolfo Suarez, protagonizaron la histórica pueblada por el agua pura.
El 10 de enero pasado, San Jorge presentó, ante la Dirección de Minería de Mendoza, un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA), “correspondiente a la etapa de explotación minera”. Ese mismo día, los medios de comunicación alineados con el gobierno radical, expandieron la noticia con párrafos textuales aportados por la empresa privada, en los que se destaca una posible inversión de “559 millones de dólares” y la eventual generación de “3900 puestos de trabajo”, además de celebrarse que este sería “el primer proyecto minero en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” impulsado por el presidente Javier Milei.
El Gobierno y sus hijos de pauta subrayaron al unísono que San Jorge “actualizó” el proyecto que fue rechazado por la Legislatura mendocina hace más de una década, luego de que la inmensa mayoría de los uspallatinos se opusieran a la megaminería en la recordada audiencia pública de 2010. Sin embargo, el nuevo Informe de Impacto Ambiental sería bastante parecido al viejo. Así lo señalan prestigiosos especialistas, como el geólogo Marcelo Giraud, quien advirtió que el reciente IIA “es casi idéntico al que fue contundentemente rechazado por la sociedad mendocina en 2011”.
Para el profesor Giraud, este proyecto “entraña un peligro muy fuerte para la Cuenca del Río Mendoza, donde vivimos mucho más de la mitad de los mendocinos. Es decir, somos casi un millón y medio de mendocinos los potenciales afectados por cualquier contaminación que pudiera llegar a generar el proyecto San Jorge”.
En el mismo sentido se manifestaron quienes el viernes pasado marcharon en la capital provincial, encabezados por la comunidad de Uspallata. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de esa localidad lasherina denunció que tanto el gobernador Alfredo Cornejo, como su vice Hebe Casado, con el sostén mediático de los medios hegemónicos, “están montando un relato donde nos tildan de terroristas, elevando el nivel de estigmatización y agresividad verbal oficial a niveles nunca vistos”.
“La violencia es propia de la megaminería”, señalaron desde la Asamblea, a propósito de las agresiones que recibieron habitantes del Valle de Uspallata, el pasado 24 de enero, por parte de personas identificadas con banderas de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), bajo el amparo del intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, durante la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
“Siempre buscan el choque y no es casual: hace más de 15 años que no queremos a la varias veces rechazada Minera San Jorge, por eso nos mandan a la patota de la UOCRA, a emboscar y golpear a nuestros compañeros (a uno casi lo matan), porque la única forma de imponer esa ideología en nuestros territorios es con agresión física y verbal, regenteo de fuerzas represivas paraestatales y compra de voluntades y medios”, plantearon los uspallatinos al tiempo que recordaron “que estos son los métodos coercitivos de Solway, dueña de Minera San Jorge, holding off-shore radicado en paraísos fiscales, denunciado por contaminación, sobornos, extorsión, persecución, criminalización de la protesta social y asesinato de opositores, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Congo y Liberia, donde esta empresa ya ha llevado a cabo sus planes devastadores”.
“Mientras los metales estén bajo nuestras fuentes de agua y ellos sean los dueños de la tierra, mientras más de un millón de habitantes aguas abajo beban, Minera San Jorge será conflicto asegurado. Por eso queremos blindar por ley la cuenca completa del Río Mendoza, con la iniciativa popular para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Un territorio que de hecho protegemos y lo seguiremos haciendo hasta que sancionen y promulguen nuestra ley”, enfatizaron los autoconvocados de Uspallata.
