La presencia de personas en situación de calle en Mendoza ya no sorprende a nadie, pero lo alarmante es que nos estamos acostumbrando a que el número siga en aumento. No hacen falta estadísticas para comprobar que esta injusticia se ha agravado; basta con recorrer las calles a cualquier hora para ver que los márgenes de los accesos, los puentes, los parques, las plazas y los rincones más inusuales se han convertido en refugios improvisados.
La pérdida de empleos, el aumento del costo de vida y el alza descontrolada de los alquileres han obligado a muchos a reducir sus aspiraciones y condiciones de vida, pero también han empujado a miles de personas a transformar la calle en su único resguardo y en una estrategia desesperada de supervivencia.
La evidencia es innegable. Un estudio de opinión de la consultora Análisis y Diagnóstico, publicado a comienzos de marzo (leer aquí), reveló que el 65% de los mendocinos encuestados nota un aumento en la cantidad de personas viviendo en la vía pública.
Esta percepción social coincide con los registros oficiales. En 2022, según el Censo Nacional, en el Gran Mendoza había 131 personas en situación de calle, de las cuales 21 dormían a la intemperie y el resto en refugios. Sin embargo, en 2024, un operativo de atención integral realizado por la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI) reveló que la cifra de personas sin hogar en la Capital de Mendoza, que solicitó servicios de salud estatal, se quintuplicó.
“La demanda ha ido creciendo a través de los años, ya que en 2016 teníamos unas 80 consultas mensuales y hoy tenemos unas 400 personas que se acercan”, expresó el director de la UAPSI de Mendoza, Guillermo Fuentes, en referencia a la intervención que se hizo en junio de 2024 con agentes sanitarios, médicos y trabajadoras sociales.
Más allá de las cifras
Pero la gravedad de este cuadro dramático no se puede explicar únicamente con números. Los grupos que trabajan para asistir y acompañar advierten que la crisis ha expulsado a nuevos segmentos sociales a la calle y que se observan realidades más duras. “Notamos que hay mucha gente joven, entre 20 y 30 años, no solo el perfil habitual del señor mayor, sino gente joven que hace poco que está en esta situación y muchos de ellos con problemas de adicción, lo que dificulta el abordaje. También se ven familias, pero generalmente son atendidas más rápido porque hay niños”, cuenta Mercedes de la Fundación Puente Vincular, organización nacida en 2007 dentro de la comunidad jesuita de Mendoza.
Entre las diversas situaciones que afloran en las calles, distintas voces coinciden en que una de las más crudas es el incremento de adultos mayores en condición de vulnerabilidad extrema. “El aumento es significativo. Una parte de estos adultos no cuenta con ingresos jubilatorios, aunque es importante destacar que una proporción considerable sí recibe alguna jubilación e incluso tiene cobertura de obra social; sin embargo, por los altos costos de vida no pueden pagar ni siquiera una habitación en una pensión. Este último aspecto se ha convertido en un rasgo distintivo de los últimos tiempos”, detalló una especialista en políticas gerontológicas que se desempeña en el sector público que fue consultada para esta nota.
“Aquí es donde se evidencia la ausencia e inoperancia de un Estado que no garantiza ingresos mínimos suficientes para cubrir necesidades básicas como la vivienda y el acceso a la salud. Estos dos elementos son fundamentales para prevenir que las personas terminen en situación de calle y, en caso de que lo hagan, contar con mecanismos que les permitan salir de esa condición”, resalta la profesional.
La respuesta estatal: entre la inacción y la violencia
“También observamos que las intervenciones estatales son cada vez más rígidas o directamente inexistentes. Movilizar recursos para abordar esta problemática no es fácil y, si bien algunos municipios del Gran Mendoza cuentan con personal trabajando en el tema e intentan organizarse, son equipos muy pequeños. La Provincia prácticamente no interviene y no sabemos todavía si destinarán más plazas en refugios para el invierno”, expuso esta experta con 20 años de experiencia en el sector.
La falta de intervención del gobierno provincial también es una realidad para las personas más jóvenes que habitan la calle. “El Estado no da abasto y las personas que toman las decisiones desconocen la realidad de la calle, las características de esta condición, lo que hace que los abordajes no sean útiles para la gente”.
“La única reacción del Estado es el desalojo y la violencia. Hay distintos mecanismos, pero ninguno está orientado a ayudar a la gente en situación de calle, sobre todo de parte de la Provincia. Los municipios sí; Guaymallén tiene oficinas que se ocupan del asunto y funcionan, pero no alcanza. Muchas veces no se termina de entender una realidad de la calle que es el desarraigo: la gente ya no es más de un municipio, entonces cuando se acercan a pedir alguna ayuda, el municipio los deriva a su lugar de origen y se complica la asistencia”, explican desde la Fundación Puente Vincular.
El valor del vínculo
El trabajo de Puente Vincular está guiado por la intención de dar acompañamiento y entender la situación de las personas que duermen o desarrollan su vida en espacios públicos. Un abordaje con perspectiva crítica y humanizada, que hace foco en los derechos y la necesidad de atender el bienestar de las personas y su reinserción comunitaria.
“El techo es un problema, pero el techo solo no soluciona la situación de calle. El albergue para poder acompañar a una persona debe tener un abordaje integral. Salud mental y oficio no sirven para un lugar que solamente da un techo, si a la mañana siguiente hay que salir solo a la calle. El techo es un punto, pero no la solución”, explica Mercedes.
“La fundación entiende que el vínculo es importante; la ruptura es la causa común de la situación de calle. Lo que hacemos es crear vínculos e ir viendo la relación, el trato cotidiano, compartir tardes, experiencias, ver quiénes son, quiénes conforman su familia y analizar de qué manera se pueden reconstruir esos lazos. Si manifiestan que quieren salir de la calle, los acompañamos en esa trayectoria de vida”.
“De todas formas, la realidad que nos encontramos es dura. La gente que vivió mucha violencia desconfía y cada vez hay más personas en esta situación. Esto nos limita mucho en el objetivo de recomponer vínculos. A veces es muy difícil porque hay mucha gente, hay pocos voluntarios, la realidad nos pone un límite. Tratamos de rearmar la confianza de la gente con el Estado, con los médicos, en el hospital, pero luego van a estos centros asistenciales y no los atienden, porque están sucios, porque no vienen bañados, o la policía los levanta a patadas. Entonces toda la confianza que se va construyendo se desmorona con esta violencia”.
La invisibilización como política
En medio de este duro contexto hay algo muy preocupante: existe un intento deliberado de invisibilizar la situación. “Sin embargo, la realidad está ahí: solo hay que mirar”, advierte la experta en políticas públicas. Este intento, groseramente perceptible, no se refleja solo en la agenda del gobierno, en la agenda de los medios oficiales y oficialistas, sino también en el trabajo de los agentes del Estado que ocupan las áreas responsables del tema. Poder acceder a información, registros y testimonios es una odisea propia de un régimen restrictivo”.
La opacidad es una política de gestión: se obstaculiza el acceso a la información, se limitan registros y se desalienta y castiga la difusión de testimonios sobre cuestiones que involucran la intervención del Estado.
El estallido del problema es un hecho y no hay preocupación para revertir el deficiente abordaje que hasta ahora ha mostrado el Estado. A pocos meses de la llegada del invierno, y sin ninguna perspectiva de que la crisis económica y social mejore, el gobierno de la Capital de Mendoza dejó en evidencia cuál será el camino que tomará.
Tras un fuerte operativo, en el que la policía desalojó violentamente la plazoleta Alte. Brown, donde dormían unas 20 personas, el intendente Ulpiano Suarez reveló que empezará a aplicar el Código de Convivencia Ciudadana, el cual sanciona “el uso inapropiado del espacio público”.
Al mismo tiempo el jefe comunal gastará alrededor de 400 millones de pesos destinados a la compra de 30 pistolas de descargas eléctricas -comúnmente llamadas taser– que serán utilizadas por los preventores municipales de la Ciudad de Mendoza para “inmovilizar”, en el espacio público, a personas en conflicto con la ley.
Morir en la calle es una amenaza palpable para cada vez más personas. Por exclusión, por violencia, por abandono o planificación deliberada. Las causas pueden variar.