Megaminería y criminalización de manual
La (in)Justicia mendocina encarceló a Federico Soria, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata que, desde hace años, rechaza el proyecto minero San Jorge y propone la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. “El poder político y económico profundiza la criminalización de la protesta socio ambiental para imponer el negocio extractivista”, denunció el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara, quien además cuestionó al fiscal Juan Manuel Sánchez por cometer “un catálogo de arbitrariedades” contra los ambientalistas.
Por Negro Nasif
“Falta absoluta de pruebas, declaraciones falsas y adulteración de declaraciones por parte de la Fiscalía”, fueron los más de 40 elementos de prueba que aportó ante la Justicia el abogado Alfredo Guevara, para demostrar la persecución arbitraria e ilegal del Poder Judicial mendocino contra miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
A la prisión del militante Mauricio Cornejo, ordenada el mes pasado, el Ministerio Público Fiscal sumó este lunes la detención de Federico Soria, referente de la Asamblea del Valle de Uspallata, además de reconocido ambientalista, técnico superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y posgraduado en Administración de Áreas Naturales Protegidas.
Cornejo y Soria participaron, el pasado 24 de enero, de una manifestación que se realizó en la villa cordillerana, para repudiar la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, promovida por el intendente de Las Heras, la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), y la corporación megaminera trasnacional. Durante aquella jornada, Miguel Pablo González, un vecino que nada tenía que ver con los ambientalistas, provocó un incendio, tal como él mismo reconoció en un juicio abreviado, lo que derivó en agresiones de personas identificadas con banderas de la UOCRA hacia quienes protestaban.
“Tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo nada tienen que ver con el Mostro Gonzalez que, por un problema personal, aprovechó la manifestación para iniciar un incendio, convenientemente difundido para la desinformación general”, señaló ayer el defensor de Soria. Asimismo, el abogado Guevara precisó que “se demostró que ni Soria ni Cornejo tuvieron participación en ningún hecho de violencia y que, además, se demostró por expedientes, videos, documentos y testimonios que la violencia tuvo su origen en una patota de la UOCRA, que fue trasladada a la localidad de Uspallata para simular apoyo a la minería e infundir temor a los vecinos”.
No obstante las inconsistencias y contradicciones de Edgardo Vera, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata que denunció a Soria por amenazas, el fiscal Juan Manuel Sánchez resolvió encarcelar al ambientalista, quien sufrió una descompensación, con taquicardias y desmayo mientras se intentaba realizar la audiencia en la que se definiría su situación judicial que, por estas circunstancias, fue pospuesta para el próximo jueves.
Soria se encuentra alojado en un calabozo del complejo Estrada, lindante con el Polo Judicial de Capital, acusado de violar el artículo 213 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que […] tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Ante el absurdo de la aplicación forzada de una figura jurídica que equipararía a los ambientalistas con terroristas, desde la Regional Mendoza de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunciaron la utilización inconstitucional del artículo 213. “Los defensores del agua, Mauricio Cornejo y Federico Soria, están siendo víctimas de un dispositivo de criminalización por parte del Estado provincial que busca imponer la minería metalífera en la Provincia”, señalaron desde la APDH y puntualizaron que la imputación de “pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror”, “no debe ser utilizada contra defensores ambientales que solo ejercen su derecho a la participación y a la defensa de un ambiente sano”.
El poder político y judicial mendocino, al atacar arbitrariamente a los ambientalistas, viola el Acuerdo de Escazú que, en lugar de promover la criminalización social, fue ratificado por la Argentina para garantizar el acceso a la Justicia para quienes luchan por el medio ambiente.