y, al mismo tiempo, la careta del Ministerio Público Fiscal detrás de la cual opera el cornejismo, el lobby minero y los medios hijos de pauta. La jueza Claudia Tula ordenó este jueves la inmediata liberación de Mauricio Cornejo y Federico Soria, presos políticos por luchar en defensa del agua. De acuerdo con el fallo de la magistrada, el fuero provincial es incompetente para la persecución penal que inició el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien ejecutó las arbitrarias privaciones de las libertades de los ambientalistas. “Hoy (por ayer) la Justicia ha dado un paso importante al reconocer que este caso excede su competencia y debe ser tratado en el ámbito federal, donde esperamos que se investiguen no solo las irregularidades de este proceso, sino también los intereses económicos y políticos detrás de la criminalización de la protesta social”, señaló el abogado defensor Alfredo Guevara, luego de conocerse la resolución de la jueza Tula.
Por Negro Nasif
El pasado 24 de enero, una manifestación en Uspallata, protagonizada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de esa localidad, repudió la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, promovida por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), y la corporación megaminera trasnacional.
Durante aquella jornada, Miguel Pablo González, un vecino que nada tenía que ver con los ambientalistas, provocó un incendio lo que derivó en agresiones de personas identificadas con banderas de la UOCRA hacia quienes protestaban.
De ese mismo día, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Alejandro Gullé, el gobierno de Alfredo Cornejo y el intendente lasherino impulsaron una campaña de criminalización contra ambientalistas, acompañada por la demonización de la lucha social, a través de los discursos difundidos por los medios hegemónicos de comunicación pautados con miles de millones de pesos de las arcas públicas provinciales.
Entre los periodistas más excitados, Ricardo Montacuto no se privó de retomar su anacrónico y peligroso lenguaje antisubversivo. “Uspallata: dos detenidos y buscan a uno más por la violencia antiminera con nafta y fuego”, tituló el columnista de Diario Uno, quien arrancó su nota con lirismo setentista: “El uso de bombas molotov, nafta y fuego significa un upgrade en la violencia antiminera, métodos más directos y coercitivos para evitar el desarrollo de la actividad como sea”.
Para Montacuto, en línea absoluta con el oficialismo, la “violenta protesta” fue provocada por “un puñado de antimineros radicalizados de la propia localidad con presunto apoyo de gente externa”, que utilizaron “bombas molotov” y nafta con la que “algunos funcionarios fueron empapados”.
Con la versión policial como única fuente, el periodista del Grupo América (uno de los principales beneficiarios de la pauta publicitaria) señaló con nombres y apellidos a los presuntos “terroristas”: Miguel Pablo Gonzales, alias El Mostro, su hija Leticia Gonzales, Marcelo Correa Molina, Federico Soria y Mauricio Cornejo.
El resto de los medios hegemónicos siguió la misma tónica de desinformación, al tiempo que la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, marcó el camino de los señalamientos desde su cuenta de X: “Terroristas, delincuentes, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y sus cabecillas. Quemar a un niño con molotovs no se lo vamos a perdonar los mendocinos”.
También el intendente Lo Presti echó más nafta, tildando a sus conciudadanos de “ñoquis”, “antidemocráticos” y “fascistas” que “planificaron los ataques con anticipación”. Además, abonando la gastada hipótesis de los infiltrados, el jefe radical acusó a supuestas personas que no son de Uspallata, a “violentos de siempre que quieren imponer sus ideas, vagas, difusas, sin sustento real”. Por último, si bien Lo Presti se presentó ante el Poder Judicial para constituirse como acusador privado para criminalizar la legítima protesta, la Justicia falló en su contra.
Más allá de las bravuconadas del intendente lasherino, el cuento de las bandas terroristas y sus molotovs solo existió en la ficción afiebrada del oficialismo al servicio de las mineras.
En cambio, en el expediente judicial no constó una sola prueba firme acerca de la utilización de explosivos rusos por parte de los manifestantes. Sí de un bidón de plástico con combustible utilizado por El Mostro Gonzales, tal como él mismo lo reconoció un mes después de los hechos, en un juicio abreviado. El imputado, que no es precisamente un prestigioso ambientalista sino un delincuente común, asumió que prendió fuego el local del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Edgardo Vera, por un conflicto personal que arrastraban desde hacía tiempo. Por lo que fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Tampoco se pudo dar con los “terroristas” del relato oficial, pese a que el Ministerio Público se empeñó al máximo para forzar el código penal nacional a las necesidades de la criminalización local. Con el artículo 123 bis como palito para abollar ideologías, el fiscal Juan Manuel Sánchez disfrazó las prisiones políticas de Mauricio Cornejo y Federico Soria con el ropaje precario de detenciones legales de personas que habrían organizado o formaron parte de “agrupaciones permanentes o transitorias” que buscaron “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Pero la farsa se cayó este jueves. La sensatez de la jueza Claudia Tula se impuso, al igual que el derecho a la libertad tan manoseado en los últimos tiempos. La magistrada ordenó la inmediata liberación de Cornejo y Soria bajo fianza y declaró incompetente al fuero provincial para dar tratamiento a una causa que, por la naturaleza jurídica de los presuntos delitos, corresponde investigar a la Justicia Federal. Un ámbito donde el gobernador Cornejo no podrá hacer lo que se le cante, a diferencia del Ministerio Público de su amigo íntimo y correligionario, Alejandro Gullé.
“Hoy la Justicia ha dado un paso importante al reconocer que este caso excede su competencia y debe ser tratado en el ámbito federal, donde esperamos que se investiguen no solo las irregularidades de este proceso, sino también los intereses económicos y políticos detrás de la criminalización de la protesta social”, señaló Alfredo Guevara, el abogado defensor de Soria, tras conocerse el fallo de la jueza Tula.
El gobernador Alfredo Cornejo y el jefe “independiente” de los fiscales, Alejandro Gullé, en el Estadio Mundialista | Foto: Gobierno de Mendoza
Para el abogado Guevara, “los militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata son criminalizados por oponerse al avasallamiento de los derechos ambientales y comunitarios, en el marco de la pretensión de instalar un emprendimiento de mega minería en la cuenca del Río Mendoza. Esta persecución ilegítima busca silenciar la lucha legítima y pacífica de un pueblo que defiende sus recursos naturales y su futuro”.
El pueblo de Uspallata ganó una nueva batalla, esta vez judicial. Parte de una lucha de décadas que parece nunca acabar.