No es una sensación ni un relato: los datos oficiales del Ministerio de Salud evidencian un agravamiento de las estadísticas vitales en nuestra provincia. Aumentó un 36% la mortalidad infantil y se duplicaron las defunciones maternas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? Víctimas silenciadas de las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado.
Por Negro Nasif
139 no es un número
Cada uno, una, murió en Mendoza durante 2024. Invisibilizado, sin ocupar páginas online, ni minutos de radio, ni pantallas de televisión. Niños y niñas con nombres y apellidos, con padres, madres y hermanos que no pudieron siquiera celebrarles sus primeros cumpleaños.
Sin caer en el amarillismo, bastaría con imaginar los rostros de cada uno de esos bebés en las tapas de los diarios, durante 139 días de un año, para dar dimensión a la crueldad humana que representa la mortalidad infantil en nuestra provincia. O tal vez, reflexionar por qué sí tuvieron relevancia mediática las 71 personas que fueron asesinadas en Mendoza, durante el mismo periodo, frente al silencio público que rodeó la muerte de casi el doble de seres humanos.
Se podría decir, con razón, que la comparación entre asesinatos y mortalidad infantil es tendenciosa o absurda. Por el contrario, también podría sostenerse —con argumentos igual de sólidos— que en ambos casos no se trata de fatalidades, sino de muertes que pudieron y debieron evitarse. Víctimas mortales de la inseguridad causada por responsables concretos e identificables.
Signos vitales
El Gobierno de Mendoza informó que el número de defunciones infantiles aumentó de 111 en 2023 a 139 en el 2024. Si se comparan estos fallecimientos con la cantidad de nacimientos en cada uno de esos años, se desprende que la tasa de mortalidad infantil creció de 5,5 a 7,5 bebés muertos antes de cumplir un año de edad, por cada mil nacidos vivos. Es decir que, en solo un año, ese indicador ascendió más de un 36%.
Estas estadísticas vitales son gravísimas. En primer lugar, porque se trata de las vidas de las personas más indefensas de nuestra sociedad, que nunca debieran perderse de vista detrás de las cifras. En segundo lugar, porque podría quebrase la tendencia descendente que esta tasa venía mostrado en las últimas décadas.
Desde los años 90 hasta hoy, una política sanitaria sostenida logró reducir de manera progresiva la mortalidad infantil en Mendoza, como lo reflejan las cifras oficiales (ver cuadro arriba). Es por eso que, con ese antecedente favorable, resulta alarmante el significativo salto estadístico en tan solo un año, en el que además se duplicó la mortalidad materna.
Víctimas y victimarios
Rodolfo Montero (ministro de Salud), Alfredo Cornejo (gobernador) y Hebe Casado (vicegobernadora)
Como es habitual, el gobierno de Alfredo Cornejo —quien desde hace casi una década conduce los destinos de la provincia— minimizó sus responsabilidades, señalando factores ajenos a la órbita del Ejecutivo local como los determinantes de la suba de la mortalidad materno infantil.
En esa línea, desde la Dirección de Maternidad e Infancia apuntaron a la Nación: “Durante 2023 y el primer semestre de 2024, Argentina incrementó 15 puntos porcentuales la pobreza, alcanzando niveles del 50%. La mayor parte de sus indicadores sociales mostraron un marcado deterioro. Estas crisis incrementan la angustia, la ansiedad, el estrés y las tasas de consumos problemáticos, factores de riesgo para las condiciones de salud”.
Es obvio que las condiciones socioeconómicas del país incidieron directamente sobre la vida y la muerte de las y los mendocinos, en particular los más vulnerados. Con igual claridad puede señalarse que el agravamiento de la mortalidad materno infantil responde a un deterioro continuo del sistema de salud provincial, producto de fracasadas políticas neoliberales de ajuste y achicamiento del Estado.
Además de un modelo económico que garantice la producción, la distribución equitativa de los recursos y condiciones de vida dignas, la Organización Mundial de la Salud sostiene que es esencial una gestión sanitaria que privilegie la atención primaria de la salud, el acceso a servicios sanitarios de calidad, la atención adecuada durante el embarazo y el parto, la lactancia materna, la vacunación y el tratamiento de enfermedades comunes en la infancia.
Justamente, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) se presentó ante la Justicia para denunciar que el Gobierno de Mendoza actúa a contramano de las recomendaciones sanitarias internacionales, y acusó al oficialismo del “alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna”. “Esta crítica situación no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de la negligencia reiterada y sostenida en la gestión pública sanitaria, caracterizada por la ausencia de políticas eficaces, desidia gubernamental y persistente precarización del recurso humano esencial en el sector de la salud”, señaló Claudia Iturbe, secretaria general del gremio.