El viernes la noticia de un supuesto acto terrorista corrió como reguero de pólvora. El artefacto que estalló en las oficinas de la Escuela de Gendarmería dirigida a su ex director motivó que se instale en la opinión pública la peregrina idea del regreso de algún tipo de grupo de choque con reminiscencias terroristas, en protesta por las últimas leyes sancionadas. La verdad parece estar muy lejos de esta pantomima y hay sectores de las fuerzas que sugieren un atentado de falsa bandera como forma de dirimir una interna entre bullrichistas y villarruelistas.
Poco se precisa para armar una bomba: un caño de plástico que sobró de algún arreglo de plomería, dos cablecitos, una pila de 9 voltios, un poco de pólvora y quizá lo más difícil, mucha prolijidad para armar el paquete con la carga dentro de tal modo que solo estalle cuando se abra. Así lo hizo alguien -un hombre o una mujer- a mediados de agosto de 2025. Luego de la tarea de bricolage, fue hasta una oficina de correo en Liniers y despachó la encomienda con una etiqueta que decía: “Escuela Superior de Gendarmería Nacional. Paseo Colón 533. Comandante Mayor Diego Gasparutti”. Luego, se sentó a esperar.
Tanto fue el tiempo que pasó que ya empezaba a olvidarse del asunto o bien, en su ejercicio de paciencia, a pensar que algo habría hecho mal en el armado del artefacto, hasta que la noticia copó la tapa de todos los medios, seis meses después. El 26 de agosto, en el organismo educativo de la fuerza alguien de la Oficina de Ayudantía había recibido al cartero y como desde diciembre de 2024 Gasparutti ya no dirigía la institución -algo que evidentemente no sabía quien armó la bomba y es una clara señal de amateurismo en el ejercicio del encono- el paquete quedó olvidado en un estante junto a otros dos para el mismo destinatario, juntando polvo.
Bomba en Gendarmeria
Afortunadamente a nadie se le ocurrió, en ese interín, tener algún atisbo de curiosidad y abrir el paquete para ver “que le mandaron a Gasparutti”, teniendo en cuenta que el hombre ya no andaba por esos lares; si no, la suerte le hubiese tocado a otro. El viernes 20, finalmente, el ex director de la Escuela volvió al edificio para visitar amigos y ponerse al tanto del acto de aniversario próximo -o al menos esa es la información oficial acerca de la visita-. Entró, saludó a uno, a otro, llegó hasta una oficina y una secretaria, entonces, le dijo: “Espere un poquito que hay algo para usted”, y fue a buscar el paquete y las cartas. El hombre, fornido y campechano, esperó y cuando finalmente la mujer le dio la encomienda, él amagó abrirla ahí mismo. Había empezado con la faena cuando dijo: “Mejor lo hago tranquilo en la oficina de Morillo”.
Diego Gasparutti jura como director de la Escuela de Gendarmería
Walter Fernando Morillo es el nuevo director de la Escuela de Gendarmería, donde se preparan los integrantes de la institución en diferentes disciplinas en pos de promociones y ascensos, y que reemplazó a Gasparutti, que llegó hasta el piso 11 con el paquete bajo el brazo. Ya en el despacho, y mientras conversaban, pausadamente empezó a abrir el paquete hasta que estalló. La deflagración le dio de lleno en el rostro y el pecho, y llegó atenuada hasta Morillo, que estaba del otro lado del escritorio, y hasta otro gendarme que recibió algunas esquirlas.
La interna beligerante que se cuece dentro de Gendarmería desde hace un par de décadas a veces escala, por momentos se frena, pero siempre está latente. Facciones internas en disputa de negocios, de poder, o por motivaciones políticas están en constante amable litigio, hasta que a alguno decide tomar decisiones como la de mandar una bomba -algo que no sería novedoso dentro del esquema de la fuerza- para marcar algunas discrepancias no resueltas, o una señal o una amenaza. Solo Gasparutti y un puñado, seguramente, sabrán por qué la carta marcada le tocó a él.
Diego Gasparutti no tuvo una carrera brillante dentro de la fuerza de la que se retiró tempranamente, a los 51 años, hace solo uno. En la década del 90 estuvo destinado a las Fuerzas de Paz de la ONU con las que el por entonces presidente Carlos Menem decidió congraciarse y mandar tropas. A Gasparutti le tocó estar en Bosnia, de donde se presume volvió un tanto descontento con el rol del Estado Argentino en tal circunstancia, pues un tiempo después decidió hacerle juicio. La causa rezaba: “Gasparutti Diego contra el Estado Nacional, Ministerio de Defensa-MO RECI y C-GN s/personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad” y llegó hasta la Corte Suprema que, en mayo de 2018 confirmó los fallos anteriores que decían que el Estado Nacional no está obligado a abonar viáticos al personal que participe en las misiones oficiales en el exterior en los cuerpos especiales de la ONU.
Diego Gasparutti ante la ONU
Gasparutti, cuando el fallo confirmó que no vería un peso, recién había dejado su puesto como Jefe del Escuadrón 34 en Bariloche al que había llegado en 2015. En diciembre de 2022 asumió la dirección de la Escuela de donde se fue, como dijimos, dos años después cuando tempranamente pasó a retiro -algunas fuentes aseguran que como consecuencia de una puja interna de Gendarmería, un litigio entre dos facciones en pugna, muy afectas a mandar cartas bomba desde la década del 90-. De las puertas hacia afuera su paso por la Fuerza no tuvo grandes hitos, sin embargo pareciera que hacia adentro dejó algún tipo de huella a dilucidar, tan profunda que alguien, por caso, quiso matarlo o por lo menos avisarle de la posibilidad de que eso podría sucederle, y pronto.
Disputas políticas, rencores y negocios turbios
Desde la recuperación de la democracia algunas fuerzas de seguridad no pudieron despojarse de algunos vicios adquiridos en la clandestinidad, y más allá de purgas y renovaciones, algunas cosas se repiten. Gendarmería no está al margen y sobre la fuerza siempre ronda el fantasma de algunos negocios turbios de frontera, en los que hay una gran cuota de mito y otra de verdad. La pata política también hace lo suyo, y hay una profunda división entre los que podrían llamarse “nacionalistas”, y los que promueven cierto “liberalismo”.
Una de esas disputas políticas fue evidente en una de las protestas más visibles de la fuerza, en 2012, cuando estallaron manifestaciones y piquetes en reclamo de mejoras salariales a la entonces ministra Nilda Garré. Durante días el conato que se había iniciado en las escalinatas del Edificio Centinela, donde se congregaron los más duros que ya entonces discrepaban entre sí: unos llamaban “golpistas” a los otros, y estos retrucaban con un “nos estamos cagando de hambre”. “Yo les pido una sola cosa, quiero saber si alguien tiene la solución para que de un día al otro el ministerio de Seguridad y el Gobierno cambie las situaciones por las que reclamamos”, dijo un gendarme entrado en años en una suerte de improvisada radio abierta.
Enseguida un camarada más joven se lo arrebató y retrucó: “Yo tengo cuatro hijos viviendo lejos mío, le pedí a un amigo que me preste 100 pesos para mandarles. No llego a fin de mes, así que trabajo de remís”. La cosa no parece haber cambiado mucho desde entonces, aunque ahora puedan estar invertidos los roles y la trastienda siempre parece ser, además de salarial, de disputa política.
Levantamiento en 2012
Los familiares de los miembros de las Fuerzas suelen ser quienes toman el protagonismo, en amparo de los agentes, y dentro de ese conglomerado suelen ser las mujeres las que llevan la voz cantante. Es largo el historial de esposas, madres y hermanas de acusados y condenados por delitos de lesa humanidad que claman por la libertad de los detenidos pero también suelen ser las mujeres de personal en actividad y sin vinculación con la dictadura las que toman la posta de los reclamos actuales.
En 2021 se creó la Asociación de Suboficiales de Argentina (A.S.A.) integrada, como su nombre lo indica, por suboficiales y sus familiares. Muchos de ellos, como José Luis Romero, habrían pertenecido al movimiento carapintada liderado por el Coronel Seineldín y que estuvieron algunos meses presos por ese motivo y otros serían de una línea liberal que los nacionalistas consideran “infiltrados”. Estos últimos son los que tienen un sostén político con la línea actual de gobierno y que vendrían haciendo mérito desde el mismo año de la creación de la Asociación, cuando militaban para Espert primero, para Patricia Bullrich después y que además son parte de otra agrupación llamada “Los Halcones”, de clara militancia bullrichista, integrada por militares en ejercicio y retirados vinculados a algunos servicios de inteligencia que bordearían lo delictual.
A.S.A
La cara visible de A.S.A es la esposa de un oficial recientemente fallecido. Se llama Analía Zabala y fue una de las mujeres que acompañó activamente la protesta de 2012 de Gendarmería y que ahora promociona la manifestación prevista para el 15 de marzo en reclamo de mejoras salariales. Siempre activa, trabajó durante un tiempo con el Obispo Castrense Pedro Candia, y algunas fuentes dicen que fue “echada” del ámbito religioso por manejos económicos poco claros.
Analía Zabala con los halcones de JxC
Hay una dualidad de vínculos de esta mujer que llaman la atención: Zabala no solo tiene una relación política estrecha con la actual senadora Patricia Bullrich, para quien hizo campaña militante durante 2023; sino que desde hace por lo menos un año tiene vínculo constante y directo con Victoria Villarruel y con Claudia Rucci, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado y mano derecha de la vicepresidenta, con quien organiza diferentes actos conmemorativos de las fuerzas de seguridad y reivindicatorios de la dictadura.
Analía Zabala y Victoria Villarruel
Zabala parece navegar elegantemente en las turbias aguas de la manifiesta enemistad entre Bullrich y Villarruel, aunque voces maliciosas dicen que podría ser un topo de la primera en las huestes de la segunda y que una de sus ideas es generar algún tipo de caos en la manifestación con el fin de adjudicarle a la vicepresidenta la organización de actos desestabilizadores o golpistas.
Analía Zabala y Claudia Rucci
Villarruel, paralelamente, conoce el descontento que asola todas las fuerzas federales: a la cadena de suicidios se sucede el constante éxodo de soldados, suboficiales y oficiales que se dan de baja por no poder sostener un mínimo estándar de vida, con sueldos magros y sin cobertura de salud. El malestar es palpable y solo precisa una chispa y acicate de quien quiera aprovechar la situación para sostener sus propios intereses.
Analía Zabala promueve marcha del 15 de marzo
La bomba a nombre de Gasparutti, el supuesto explosivo que no era tal que el mismo día apareció en los galpones del centro de almacenamiento de la empresa Mercado Libre -de Marcos Galperín, un empresario emblema del mileísmo acérrimo-, el posible agite de manifestaciones, podrían comprender toda una estructura de atentados de falsa bandera que siembren el miedo a la represión consecuente, el control interno de un sector en pugna sobre otro, y la defensa de privilegios y negociados que pueden tambalear si no se sostienen al compás del tiempo político.
El artefacto de MercadoLibre simulaba ser una bomba
Mientras tanto, la ministra Alejandra Monteoliva y a diez días de pasado el hecho, sigue sin encontrar a quien dirigió las acciones violentas durante la sesión del Senado por la ley de Modernización Laboral, absolutamente retratado mientras armaba y lanzaba bombas molotov. Curiosa inoperancia de quien sostiene tener un historial de eficiencia que incluye haber sido blanco de las FARC, grupo terrorista que la habría mantenido cautiva durante un mes, sin que nunca se haya difundido claramente por qué la habrían secuestrado y por cuál razón habrían decidido liberarla.
Monteoliva tenía solo 26 años cuando sucedió tan traumático hecho: era 1996 y había llegado a Colombia para cursar un posgrado en la Universidad de los Andes, luego de licenciarse en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba, donde nació.
Luego de su secuestro, asegura haber entablado una suerte de amistad con el jefe máximo de la Policía Nacional Colombiana, el general Oscar Naranjo, un represor de fuste que, además, reportaba a la DEA. Naranjo llegó a ser vicepresidente en 2017 cuando acompañó la fórmula de Juan Manuel Santos y a pesar de las sospechas en su contra por nexos con el mundo narco.
Monteoliva se considera su discípula y colaboró con él durante años. Suele decir que ella tiene como modelo el “Plan Colombia” de lucha contra los cárteles de drogas y organizaciones guerrilleras y a la ofensiva diseñada por la DEA y la CIA sobre la población civil que dejó miles de campesinos, obreros y estudiantes asesinados por las falanges parapoliciales de Álvaro Uribe y comandadas precisamente por Naranjo, quien terminó procesado en USA por sus nexos con el ex capo del cártel Norte del Valle, Wílber Varela, y acusado de asesinato en Ecuador. En Colombia dicen que es uno de los arquitectos de la “narcodemocracia” que pretendieron instalar desde Washington desde hace varias décadas.
Por la misma época, en febrero de 2006, el hoy Comandante General de Gendarmería Claudio Miguel Brilloni nombrado por al frente de la fuerza por Patricia Bullrich, también tenía vinculaciones con la DEA, que planificó una entrega de 187,4 kilos de cocaína a narcos que operaban en el barrio de Congreso, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Al equipo estadounidense y peruano que comandaba la operación le hacía de soporte un argentino: Brilloni, quien estaba a cargo de la entrega vigilada. Por una serie de vericuetos que la justicia nunca logró determinar, finalmente, esa carga se habría esfumado en el estacionamiento frente al Congreso de la Nación y las acusaciones recayeron sobre el personal de la DEA.
El comandante general Claudio Brilloni se había retirado en 2019 y volvió de la mano de su amiga Patricia Bullrich.
Siempre fue vox populi en la fuerza que Brilloni “era un hombre de Jaime”, en obvia alusión a sus contactos con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE. Su contacto con el “espía” era el comandante general (RE) Horacio Fernández que estaba en operaciones de la Secretaría. El vínculo con Stiusso fue justamente el motivo por el cual su regreso a la fuerza se vio frustrada durante el gobierno de Alberto Fernández, quien de la mano de Gustavo Béliz, vetó el retorno del gendarme.
Pero cuatro años después retorna de la mano de Bullrich, con quien tiene una relación excelente y una simbiosis pocas veces vista entre poder político y fuerzas de seguridad. “Está hecho a la medida de Pato”, aseguró a Data Clave una fuente con acceso a los principales despachos del Centinela.
Pero volvamos a Monteoliva. De la mano de Naranjo, la actual ministra llegó a ser asesora de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una tarea que ejercía en varios países de la región hasta que en 2012 decidió volver a la Argentina y luego de un sinuoso pero rápido camino político llegó a Ministra de Seguridad de Córdoba, por entonces gobernada por José Manuel De la Sota.
El 3 de diciembre de ese año le tocó hacer frente al levantamiento policial, que dejó tres cadáveres, aproximadamente 200 heridos y más de mil comercios afectados por la revuelta. El 9, De la Sota la echó. Batió el récord de 12 semanas en el cargo. En 2015 y con la llegada de Bullrich al Ministerio de Seguridad, “Pato” colocó a su nueva amiga al mando del área de Información Criminal y, después, en la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas Federales. En 2019 y con Fernández en el gobierno, Monteoliva se fue a El Salvador a trabajar como asesora de Nayib Bukele, hasta que volvió a la Argentina de la mano de Bullrich y al gobierno de Milei.
En tiempos convulsos, Monteoliva deberá lidiar con revueltas y manifestaciones y deberá dilucidar de dónde viene el fuego que, aparentemente, no siempre será enemigo.
Por Mauro Federico y Yvi Cangaro
Dataclave.com.ar