El gobernador de Mendoza gastó más de 4.870 millones de pesos en publicidad y propaganda en solo ocho meses de gestión. Mientras maestras, médicos, enfermeras y policías pierden por goleada contra la inflación, medios oficialistas, consultoras, productoras y hasta empresas fantasmas duplicaron sus ingresos, gracias al reparto arbitrario de una caja turbia, que asegura 20 millones de pesos diarios para el blindaje mediático del radicalismo.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
Entre enero y abril de este año salieron cerca de 1.500 millones de pesos desde las arcas del Estado mendocino a los bolsillos de empresas privadas dedicadas a publicidad y propaganda oficial. En tanto que desde julio a agosto, a ese monto se agregaron más de 3.380 millones de pesos. Es decir, un aumento de casi 128% de pauta pública entre ambos períodos.
Estos datos oficiales se desprenden de los informes cuatrimestrales de Publicidad y Propaganda 2024 de la Contaduría General de la Provincia, el último de ellos dado a conocer la semana pasada, a través del portal de internet de la Cámara de Diputados de Mendoza.
Una vez más el listado de los pautados fue difundido con la acostumbrada opacidad del oficialismo, es decir, sin el detalle de los servicios que prestaron cada uno de los proveedores y sin identificación de las razones sociales de las empresas que, por decisión del Poder Ejecutivo, acrecientan mes a mes sus cuentas bancarias con el dinero de los impuestos de las y los mendocinos.
También se reiteraron los principales propagandistas, se consolidó la mayor tajada para un selecto grupo de hijos de pauta y aparecieron nuevamente empresas bajo las sombras de números de proveedores cuyas denominaciones comerciales no constan en los registros oficiales públicados. Es así que solo una docena de pautadas concentraron cerca de 1.800 millones de pesos en el último cuatrimestre, entre ellas una firma fantasma que se llevó más del 10% de esa torta.
En el tope de los HDP se repiten los famosos grupos Alonso (Canal 9, Radio LV10, Diario El Sol) América (Canal 7, Diario UNO, Radio Nihuil), Terranova (MDZ), Los Andes y Álvarez (Sitio Andino, CTC), junto a sociedades menos conocidas como DNY, MDA, La Postal, Anfer, EFE e Inmendoza.com. Esta última, propiedad de Guillermo Suarez, quien cobró notoriedad recientemente por la adjudicación de un proyecto para el desarrollo de la costa norte del Dique Potrerillos, que le otorgó el Gobierno de Mendoza.
“Para tener una economía sana, el crecimiento del país lo debe liderar el sector privado”, señaló el gobernador Cornejo el 1 de mayo pasado, en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, donde realizó un encendido autobombo sobre “el ajuste del sector público” durante las últimas gestiones radicales. Sin embargo, más allá de este relato y con los datos oficiales en la mano, está absolutamente comprobado que las administraciones cornejistas siguen engordando con plata pública a segmentos muy específicos del sector privado, como estas empresas de comunicación que ganan sumas multimillonarias por servicios incomprobables, en procesos administrativos que, por su escasísima transparencia, generan caldos de cultivo muy fértiles para la corrupción y las coimas.
En definitiva, en los primeros ocho meses de este año la caja de publicidad y propaganda que regentea el subsecretario de Comunicación, Prensa y Protocolo, Pablo Sarale, lubricó con 4.876 millones de pesos la maquinaria mediática que protege a su jefe político. O sea: 20 millones de pesos por día calendario se pusieron al servicio de la censura indirecta y del eficiente cerco que canales de televisión, diarios, radios y consultoras oficialistas construyen mañana, tarde y noche.
A diferencia de las y los trabajadores del Estado, los hijos de pauta le ganaron a la inflación. Siempre con la nuestra, por supuesto.
En los siguientes vínculos podés consultar los informes cuatrimestrales de la Contaduría General de la Provincia.
2020
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2021
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2022
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2023
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2024
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
¿Qué es la censura indirecta?
El acceso a la información y la comunicación públicas son derechos humanos básicos, que pueden verse limitados o restringidos por la utilización arbitraria de la pauta estatal. Como ocurre en Mendoza desde diciembre de 2015, cuando el exgobernador -y actual mandatario electo- Alfredo Cornejo inició un marcado proceso de disciplinamiento económico de la prensa, al tiempo que construyó su hegemonía en los tres poderes del Estado y en los organismos de control.
En contraposición, cabe recordar que hace más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó principios específicos sobre la regulación de la publicidad oficial, donde se aborda la cuestión de la censura indirecta, manifestando que “existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa, hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados”.
El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere, específicamente a estas maniobras indirectas, que tienden a “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que, sin embargo, son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos. Cuando eso sucede, se configura una violación de este artículo específico de la Convención que, al tener rango constitucional en nuestro país desde 1994, es de cumplimiento obligatorio para la República Argentina y, obviamente, para la Provincia de Mendoza.
La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano. En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno, y concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Según indicó en ese momento la Relatoría, “este tema merece especial atención en las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad”.