El llamado a indagatoria que el magistrado en lo penal económico firmó esta semana —en tiempo récord y a pedido del Gobierno— en el expediente esconde un entramado de vínculos y relaciones con un poderoso empresario y el cuestionado director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los flojos argumentos para sustentar la decisión judicial y la sospecha en tribunales sobre la motivación y la rapidez.
Cuando en diciembre de 2025 el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), varios empresarios e integrantes del Poder Judicial sonrieron. El funcionario “de carrera”, el de “perfil técnico” (como sostuvieron los libertarios), era una figura muy conocida en ciertos ambientes, que vieron su llegada como una etapa de épocas mejores. Varios recordaron también las causas judiciales que se abrieron en su contra y que dieron cuenta de manejos sospechosos.
Si bien el Gobierno descree de la figura de los “operadores judiciales” (y en la práctica, no hay nadie que cumpla con ese rol), hay varios funcionarios y personas satélites a la gestión que mantienen diálogos con jueces, fiscales y abogados relevantes.
A pesar de que la denuncia que ARCA impulsó contra la AFA y contra Claudio Tapia fue presentada el 13 de diciembre y Vázquez quedó oficialmente ratificado el 16 del mes, en tribunales quedó claro que fue él quien más motorizó el expediente. A tal punto va eso que el juez en lo penal económico Diego Amarante firmó la indagatoria de Tapia y la comisión directiva de la Asociación poco menos de dos horas después del pedido que hizo ARCA.
En su presentación, el organismo recaudador sostiene que se llevó adelante una maniobra donde el ente futbolístico no depositó los fondos (de impuestos y cargas sociales) en tiempo y forma. Y que, según sostienen, eso implicaría “una supuesta maniobra delictiva tipificada en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430)”.
No obstante, en tribunales explican que el fuero en lo penal económico suele ser más prudente que el federal a la hora de evaluar ciertas conductas y su consecuencia estrictamente penal. Un exjuez del fuero (que pidió que su nombre se mantenga en reserva) explicó a Data Clave que la gran mayoría de las empresas no paga “en el primer vencimiento” las cargas sociales sino que utilizan el método de pagar con intereses cuando “les entra el dinero”, algo que sucedió históricamente bajo todas las gestiones y que no es una cuestión que genere responsabilidad penal.
El exmagistrado explicó también que debe diferenciarse una maniobra ilegal de lo que es una deuda exigible. Justamente eso explicó la AFA en un comunicado donde recalcó que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”. En la misma línea, subrayó que las mismas “fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.
Aclaró también que “el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”.
Justamente la Cámara del fuero es la que tendrá que resolver no solo este planteo sino todos los que vengan después. En tribunales también llamó la atención que la indagatoria incluya una prohibición de salida del país, algo que generalmente se dicta o con un procesamiento o cuando se trata de personas que no tienen un arraigo suficiente, lo que no sería el caso de los involucrados, que son conocidos política y mediáticamente y que llevan una gran parte de sus actividades en el país.
Un lugar, un anhelo
Amarante pertenece a un fuero que es considerado el primo menor de Comodoro Py. Su gran anhelo, que es sabido por varias personas que habitan el edificio de la Avenida de los Inmigrantes, es dar el salto a la Cámara Federal de Casación, un lugar con varias vacantes en este momento.
Justamente, uno de los concursos que está allí pendiente es el 475, para ocupar tres cargos en la sala III de la Cámara. La terna aún no está resuelta y un apoyo del Gobierno podría generar que el magistrado integre alguna de las ternas que se envíen al Poder Ejecutivo. Después de eso, no es necesario que sea el de mayor puntaje: el presidente puede enviar al Senado el pliego de cualquiera de los tres candidatos para el puesto.
La relevancia del titular de ARCA
Vázquez se ha transformado en una figura fundamental dentro de la rosca judicial y hay quienes dicen que podría tener un rol de mayor relevancia cuando se haga un recambio de gente dentro del Consejo de la Magistratura. El Gobierno no ve con malos ojos que se apresuren finalmente las ternas de Casación y que haya allí algunos jueces nombrados por el presidente libertario, que no tiene aún a nadie que haya jurado bajo su gestión, que ya lleva más de dos años.
En los pasillos de tribunales relacionan directamente la premura de Amarante en sacar una resolución favorable a los intereses libertarios con una promesa que hizo Vázquez de conseguirle un puesto dentro de la Casación Federal.
Además, cabe resaltar que el titular de ARCA mantiene un vínculo más que cercano con Leonardo Scatturice, el empresario radicado en Estados Unidos que compró Flybondi y que obtuvo jugosos contratos con el sector público con Javier Milei.
A eso se le sumó que pocos días después de la asunción de Vázquez, la justicia comercial habilitó un plan de financiamiento muy beneficioso por una deuda de 100 mil millones que el correo privado OCA tiene. Casualmente, 80.000 millones son con la ARCA
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