La presentación judicial, realizada por Javier Fernández y Marcos Neirotti, apunta contra la “corrupción estructural” del gobierno de Rodolfo Suarez que, solo entre 2020 y 2023, entregó más de 31.000 millones de pesos a empresarios de medios de comunicación y consultoras. Fraude en perjuicio de la administración pública, extorsión, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado y encubrimiento son los delitos sospechados durante la gestión de Suarez y que, según los denunciantes, persisten en la actual administración de Alfredo Cornejo.
Por Negro Nasif
Hace un mes, en una distendida charla en el canal de YouTube Bardo, el exgobernador Rodolfo Suarez confesó, muy suelto de cuerpo, que le tuvo miedo a los mismos medios de comunicación hegemónicos que durante su gestión recibieron más de 12 mil millones de pesos en concepto de publicidad y propaganda oficial.
“Si no ponés tanta pauta, te matan”, dijo Suarez, asumiendo una suerte de condición de víctima ante las empresas privadas que lo habrían extorsionado para obtener multimillonarios beneficios provenientes de las arcas del Estado provincial.
Esta confesión del exmandatario es uno de los ejes probatorios de una reciente denuncia penal (leer aquí), presentada por Javier Alejandro Fernández y Marcos Neirotti ante el Ministerio Público Fiscal, “con la finalidad de poner a su conocimiento hechos que sostenemos configurarían delitos de acción pública, específicamente los delitos de Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 del CP), Extorsión (art. 168 del CP), Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del CP), Cohecho (art. 256 y 256 bis del CP), Peculado (art. 261 del CP) y Encubrimiento (art. 277 CP)”.
La media docena de delitos puntualizados en la denuncia “habrían sido cometidos por funcionarios públicos y personas ligadas a medios de comunicación durante el gobierno de Rodolfo Suarez mientras era gobernador de Mendoza (2019 a 2023). No obstante, hay indicios sólidos que señalan que se estarían dando hasta el presente en el actual gobierno de Alfredo Cornejo”.
Para los denunciantes, las máximas autoridades del Gobierno de Mendoza de los últimos años consolidaron “un sistema de corrupción estructural”, en el “contexto del manejo ilegal, ilícito, discrecional y, casi en su totalidad, secreto de la pauta publicitaria oficial”.
“Desde ya las expresiones de Suarez (en el Canal de YouTube Bardo) son más que suficiente para que esta fiscalía intervenga e investigue en profundidad sobre el asunto”, destaca el texto acusatorio, aunque advierte: “la trama señalada por Suarez no es lo único que justifica que el Poder Judicial se involucre. No se debe caer en el error de creer que las expresiones de Rodolfo Suarez son una descripción figurativa sobre algo que tal vez sucedió durante su gobierno. Las declaraciones son a todas luces la descripción de hechos concretos de los cuales él estuvo consciente y en los que participó de alguna manera. Del análisis de la entrevista queda claro que él como gobernador estaba -junto a otros funcionarios de elevada jerarquía a su cargo-, enterado de la existencia de una relación por demás cuestionable entre su gobierno y algunos medios de comunicación”.
$31 mil millones
“En forma preliminar, estamos en condiciones de afirmar que Mendoza gastó en pauta publicitaria, desde enero de 2020 hasta octubre de 2023, una cifra, que actualizada a la fecha, supera 31.000 millones de pesos, tan solo en el Ejecutivo”, estima la denuncia que, al mismo tiempo, aclara que en ese cálculo no se ingluyen los gastos de pauta en organismos como OSEP, ATM, Juegos y Casinos, IPV, Vialidad, Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Fondo para la Transformación y Crecimiento, Dirección General de Irrigación, Asesoría de Gobierno, Defensoría de las Personas con Discapacidad, EPRE, EPAS, entre otras dependencias del Estado provincial.
La cloaca de los hijos de pauta comenzó a destaparse a partir de las investigaciones periodísticas realizadas por EL OTRO desde 2017. Con datos duros oficiales nunca refutados por el Gobierno, este medio comenzó entonces a develar lo que muchos políticos y periodistas vociferaban en privado, pero que jamás se animaron a decir, con pruebas en la mano, en público. Por temor, complicidad o explícita defensa de los intereses económicos de la clase dominante.
Hoy, cuando los negociados multimillonarios con los impuestos de las y los mendocinos son innegables y esa cloaca supura a niveles obscenos en medio de la creciente pobreza, esta reciente denuncia penal es una grave interpelación, no solo para el Poder Judicial controlado en gran parte por Cornejo, sino también para el Poder Legislativo que, en tanto escribanía del Ejecutivo, se niega a debatir y sancionar una ley que regule la propaganda oficial bajo criterios objetivos de democratización, para asegurar los derechos esenciales a la información y la comunicación ciudadana, sin censuras directas ni indirectas.