La causa $Libra, en un laberinto por los anexos reservados y el vínculo Milei-Davis

La investigación por el token promocionado por el presidente no para de sumar disputas. Los querellantes quieren acceder a los anexos reservados del informe que analizó los celulares de imputados. La defensa de Mauricio Novelli pidió mantener esos datos bajo secreto para proteger la intimidad de los involucrados.

El expediente que investiga el lanzamiento del token $Libra volvió a tensarse en tribunales. La discusión gira alrededor del peritaje realizado sobre los dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales, dos de los imputados en la causa que analiza una presunta estafa vinculada a la criptomoneda difundida públicamente por Javier Milei.

Hasta el momento sólo se incorporó al expediente un informe general con los resultados del análisis. Sin embargo, el estudio técnico realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) incluye anexos que permanecen reservados y a los que las partes todavía no pudieron acceder. Según trascendió, en ese material aparecerían referencias a un acuerdo confidencial que habrían firmado el mandatario y el desarrollador del token, Hayden Davis.

El legislador Maximiliano Ferraro, que tuvo a su cargo la comisión en el Congreso por $LIBRA cuestionó el devenir judicial y recalcó que existen los documentos que “dan cuenta del negocio millonario que organizó con Hayden Davis, con Milei como pieza fundamental para hacer negocios privados aprovechando su investidura y función pública”.

De esa forma, enumeró una serie de evidencias que podrían complicar a los involucrados en la maniobra:

  • 1. Carta de intención: borrador del acuerdo de asesoramiento entre Davis y Milei que se habría firmado el 30/1/25.
  • 2. Factura (invoice) de Pia Novelli, la hermana que vació las cajas, a Hayden Davis por USD 250.000.
  • 3. Contrato de una empresa de Davis con la empresa de Charles Hoskinson para apoyar a Cardano y facilitar reuniones privadas uno a uno con Milei, con un pago inicial de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000.
  • 4. Oferta de acuerdo de lobby de Davis a Novelli por USD 1.150.000, fechada el 21 de noviembre de 2024. Entre las propuestas figura el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”.

“Hace meses que Taiano tiene esta información. Con esta evidencia sobre la mesa, sumada al informe final de la comisión investigadora y a otras investigaciones, el fiscal y el juez ya no tienen excusas para mirar para otro lado”, postuló.

En ese sentido, la legisladora Sabrina Selva hizo foco en la información aportada judicialmente por el Congreso, donde se identificaron transacciones a Mauricio Novelli, a Terrones Godoy y a Sergio Morales “en fechas que coinciden con el acuerdo de monetización de la imagen de Milei que firmaron antes del Tech Forum en noviembre de 2024”.

X de Sabrina Selva

Los conflictos

El análisis técnico se hizo sobre celulares y otros dispositivos incautados durante la investigación. La búsqueda de información fue ordenada por el fiscal Eduardo Taiano y convalidada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quienes establecieron parámetros específicos para revisar el contenido. Entre esos criterios se incluyó rastrear eventuales intercambios con el jefe de Estado, con Karina Milei y con otros involucrados en el expediente.

También se fijaron límites claros para la pericia. El relevamiento debía excluir cualquier comunicación que los imputados hubieran mantenido con sus abogados defensores. Además, se estableció que la búsqueda debía circunscribirse exclusivamente a información vinculada con el objeto procesal de la investigación.

Aun con esas condiciones, la defensa de Novelli solicitó que los anexos sigan bajo reserva. En un escrito presentado ante la Justicia, el abogado Daniel Ruvinovich pidió que la información permanezca en secreto hasta que se determine su pertinencia dentro del expediente y se evalúe “el balance con los derechos de las personas involucradas”.

El planteo apunta a que exista un control judicial previo antes de que los anexos se incorporen al expediente. El defensor solicitó que se analicen criterios de “pertinencia, proporcionalidad y necesidad” para decidir qué documentos deben sumarse a la causa y cuáles deberían quedar fuera por no tener relación directa con la investigación.

Según el escrito presentado, el objetivo es “evitar una injustificada injerencia en la intimidad de mi representado y de terceras personas”. El abogado también advirtió sobre el riesgo de que “la vida privada de las personas se exponga de manera indebida e injustificada” si el material se difunde sin ese filtro previo.

Ruvinovich sostuvo además que el interés público que rodea el expediente aumenta ese peligro. En su presentación remarcó que “no puede soslayarse que el interés público que rodea estas actuaciones incrementa el riesgo de que información completamente irrelevante para el objeto procesal sea replicada fuera del expediente”. De acuerdo con el resumen del informe, habría una gran cantidad de datos que no guardan relación con la investigación.

Del otro lado, los querellantes presionan para acceder al contenido reservado. Los particulares damnificados consideran clave revisar esos anexos porque allí habrían aparecido por primera vez elementos vinculados al supuesto acuerdo confidencial entre Milei y Davis, una pieza que podría aportar información relevante sobre el origen y la promoción del token.

La causa investiga una presunta estafa vinculada al activo digital que el presidente difundió el 14 de febrero del año pasado. Tras esa promoción pública, el valor del token pasó de centavos de dólar a rozar los cinco dólares en cuestión de minutos y luego se desplomó con la misma velocidad. Ese movimiento dejó pérdidas importantes entre los inversores que habían comprado durante el pico.

En el informe general de Datip también aparecen referencias a intercambios previos al lanzamiento entre Novelli y los hermanos Milei. Además, se detectaron varios mensajes eliminados y la existencia de un tablero de control en el que figura el token investigado.

Ahora la decisión queda en manos del fiscal Taiano, que deberá evaluar los pedidos presentados por ambas partes y definir si los anexos del peritaje se incorporan al expediente o si permanecen bajo reserva mientras se determina qué información resulta relevante para la investigación.

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