Son 12 personas que trabajaban para una empresa tercerizada que funcionaba en la planta de Procter&Gamble. Sostienen que, pese a sus promesas , el gobierno provincial y el municipal los abandonaron.
Trabajaron entre 10 y 22 años para una empresa terciarizada que funcionaba en la planta que la multinacional Procter&Gamble tiene en Villa Mercedes. Muchos tienen casi 60 años y son el sostén de su familia. Y, el 30 de octubre, sin previo aviso y de un momento a otro, los despidieron. Después de mucho batallar, consiguieron que les pagaran el sueldo del último mes que trabajaron, pero ya les dijeron que no van a indemnizarlos.
Trabajaban para la empresa de reciclado WORP, propiedad del diputado provincial Walter Oio. En las diversas reuniones que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, con Oio y las autoridades de P&G, el dueño de WORP les manifestó su intención de indemnizarlos, pero les explicó que le será imposible si la multinacional no le paga los 70 millones de pesos que le debe.
Además esa no sería la solución de todo el problema, porque el dinero de la dueda solo serviría para costear casi el 50% de las indemnizaciones. Oio les propuso a sus ex empleados abonarles el 30% en efectivo y pagarles otra parte, hasta completar casi la mitad de la indemnización, en cuotas.
Pero, incluso, esa propuesta está lejos de concretarse porque P&G “desconoce tal deuda y no quiere aportar ni un peso”, explicó Hugo Pozo, el abogado de los operarios despedidos.
Las personas que perdieron su trabajo están abiertas al diálogo y son conscientes de que el dueño de WORP tiene intención de indemnizarlos. Pero si P&G no se hace cargo de que, de un día para el otro, dejó sin efecto un contrato que mantenía con la empresa recicladora, las protestas a diario fuera de la planta y los reclamos judiciales seguirán. “Oio está haciendo lo posible, pero su firma no tiene capital para afrontar los casi 300 millones de pesos, que es lo que les corresponde a los empleados”, reconoció Pozo, por eso señalan a P&G como el otro gran responsable.
El abogado recordó que en julio, en un acto del Gobierno Provincial en la planta pañelera, hicieron promesas que jamás cumplieron. Las autoridades de P&G “estuvieron reunidas con el gobernador Poggi y con el intendente Frontera y les prometieron a los empleados que no iban a despedirlos”, rememoró Pozo y se quejó: “Pero esa promesa se diluyó en el tiempo, porque la planta que funcionaba con unos 600 operarios ahora debe tener unos 80”.
“Se involucró el gobierno provincial y municipal. Aseguraron que iba a haber trabajo y no iba a haber despidos. Pero a nosotros desde el Gobierno no nos ha llamado nadie, por lo menos para decir ‘les damos nuestro apoyo’. Todo lo contrario, nos prometieron una cosa y nos mintieron”, expresó el letrado en representación de las 12 personas que perdieron su trabajo un mes y medio antes de las fiestas de Fin de Año.