Tras las agresiones y amenazas del quíntuple condenado a prisión Armando Fernández, hacia víctimas de la última dictadura militar, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Federal que lo juzga que tome medidas de seguridad para evitar que el genocida reincida en su conducta violenta.
Texto: Negro Nasif | Fotos de archivo: Coco Yañez
El viernes pasado, el ex agente de inteligencia del Centro Clandestino de Detención D2, Armando Osvaldo Fernández, insultó y amenazó a víctimas de la última dictadura militar. El siniestro e impune hecho se produjo en cercanías de Tribunales Federales, tras la culminación de una audiencia de un juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrollaba en la Ciudad de Mendoza.
Víctimas del genocidio, familiares y militantes de derechos humanos repudiaron al delincuente, condenado en cinco oportunidades por gravísimos crímenes, quien, lejos de cumplir la prisión domiciliaria impuesta por la Justicia, circulaba libremente por la calle.
El genocida respondió al escrache con agravios y amenazas reiteradas. “Agradezcan que estoy en cana, si no los cago a trompadas”, desafió el criminal suelto, una y otra vez, con total impunidad.
Ante estos repudiables hechos, desde el Ministerio Público se pidió al Tribunal Federal que actualmente juzga a Fernández, en el Décimo Tercer Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de Mendoza, que arbitre las medidas correspondientes para evitar que el imputado violente a personas en la vía pública.
Según fuentes judiciales consultadas por EL OTRO, el auxiliar fiscal de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, Daniel Rodríguez Infante, solicitó que Fernández, quien actualmente goza de prisión domiciliaria, sea trasladado desde su casa a las audiencias judiciales -y viceversa- por agentes de las fuerzas de seguridad, evitando así que el procesado tome contacto con la población y, especialmente, con las víctimas directas de sus delitos.
Desde el Poder Judicial Federal confirmaron a este medio que no es la primera vez que el genocida agrede fuera y dentro de los tribunales. De hecho, de acuerdo con lo que reseña el portal www.lesahumanidadmendoza.com , al finalizar la audiencia del viernes pasado, Fernández provocó a los presentes: “Un integrante de los organismos de derechos humanos presente en el público pidió un aplauso ante la noticia de que Abuelas de Plaza de Mayo restituyó la identidad de un nuevo nieto, el 138. De manera prepotente, reaccionó Armando Osvaldo Fernández, un exoficial inspector del D2 condenado múltiples veces. El hombre empezó a vociferar ‘¡Viva la nieta 127!’. Se trata de Miriam, hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, quien nació en la ESMA y fue apropiada y criada por Fernández y su esposa, Iris Yolanda Luffi”.
Además de haber sido condenado a prisión perpetua en tres oportunidades, y de recibir otro fallo de 20 años de cárcel, en todos los casos por gravísimos delitos de lesa humanidad, Fernández fue considerado penalmente responsable, por un tribunal de Justicia de la democracia, de retener y ocultar a la hija de los secuestrados y desaparecidos Moyano y Poblete, y de insertar datos falsos en el DNI de la niña apropiada que, recién 40 años después, pudo saber quién verdaderamente es.