Afirman que los cambios que prepara Santiago Peña terminarán desplazando al país del trafico fluvial. Culpan al ajuste de Milei.
Paraguay impulsa la creación de la Dirección Nacional de la Marina Mercante (DINAMER), un organismo que dependería directamente de la Presidencia de la República y que reemplazaría a la actual Dirección General.
La iniciativa busca otorgar mayor autonomía institucional y capacidad de gestión a un sector considerado clave para el comercio exterior paraguayo. Sin embargo, especialistas del ámbito marítimo y fluvial advierten que el debate excede un simple cambio de estructura administrativa.
El capitán de Marina Mercante y ex director del organismo de Paraguay, Óscar Cortessi Garayo, sostiene que la autonomía, la seguridad jurídica y la eficiencia operativa no surgen automáticamente de una reestructuración institucional, sino de la capacidad efectiva del Estado para ejercer una conducción técnica especializada.
El debate también alcanza al tema de la Hidrovia. La reforma adquiere especial relevancia debido a que Paraguay depende casi exclusivamente de esta ruta marítima para conectar su producción con los mercados internacionales.
Paraguay posee una de las mayores flotas barcaceras del mundo y basa buena parte de su competitividad exportadora en el transporte fluvial. Diversos expertos consideran que el fortalecimiento institucional de la autoridad marítima es fundamental para afrontar desafíos vinculados a la administración de la vía navegable, la adaptación a normas internacionales, las fluctuaciones hidrológicas de la Cuenca del Plata y las crecientes exigencias del comercio global.
Paraguay posee una de las mayores flotas barcaceras del mundo y basa buena parte de su competitividad exportadora en el transporte fluvial. Diversos expertos consideran que el fortalecimiento institucional de la autoridad marítima es fundamental para afrontar desafíos vinculados a la administración de la vía navegable, la adaptación a normas internacionales, las fluctuaciones hidrológicas de la Cuenca del Plata y las crecientes exigencias del comercio global.
Según Cortessi, el principal problema no es la falta de atribuciones legales, sino la pérdida de protagonismo técnico de la autoridad marítima frente a otros organismos del Estado cuando determinados asuntos adquieren relevancia política o económica. Como ejemplo menciona la controversia por el cobro del peaje en la Hidrovía, donde, según su análisis, la autoridad marítima quedó relegada en una discusión central para la navegación regional.
El especialista también remarca la necesidad de que los organismos vinculados al transporte fluvial sean conducidos por profesionales con experiencia específica en navegación, logística y regulación marítima internacional. Advierte que una autoridad sin capacidad técnica suficiente corre el riesgo de limitarse a tareas administrativas, perdiendo influencia en la formulación de políticas estratégicas para el sector.