El cierre temporal de la estación no se explica sólo por irregularidades administrativas. Coincidió con una fuerte interna empresaria vinculada a la planta de residuos de El Borbollón. La gestión municipal en medio de la polémica.
La clausura de la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional 7, en Uspallata, no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple trámite administrativo. Detrás del cierre temporal dispuesto por la Municipalidad de Las Heras el 3 de febrero, confluye una disputa empresarial que trasciende el negocio del combustible. El verdadero escenario es otro contrato de alto impacto económico: la planta de tratamiento de residuos de El Borbollón.
Formalmente, el municipio comandado por Francisco Lo Presti argumentó la falta de habilitación definitiva, planos de la red contra incendios sin aprobación actualizada, matafuegos vencidos y otras observaciones técnicas. La empresa operadora también habló de “trámites administrativos pendientes”, aunque negó de manera categórica cualquier riesgo estructural o ambiental. Días después, tras presentar un plan de pagos y la documentación requerida, la estación recibió la autorización para reabrir.
Sin embargo, el expediente administrativo es solo la superficie. El contexto político e institucional en el que se ejecutó la medida conecta este con una de las cajas más sensibles para Las Heras.
Una estación estratégica
Diego Dumit, Alfredo Luis Vila Santander y Mario Osvaldo Maltoni son las caras visibles de “KM 1107”, la sociedad que opera la estratégica YPF de Uspallata. Cumple una función clave, ubicada junto a la Aduana en el principal corredor internacional con Chile.
Es presentada como una de las más grandes del país, por lo que su clausura generó un impacto logístico, empresarial y político inmediato. Incluso, trascendió que la propia YPF sigue de cerca el conflicto y evalúa escenarios para proteger su marca, aunque no forma parte de la sociedad operadora.
El predio donde se levanta el complejo perteneció hasta 1992 al Estado nacional. Ese año fue transferido a Mendoza, que en 2009 lo donó con cargo a Las Heras para la construcción de un área de servicios para el transportista de cargas. Con el paso del tiempo, el proyecto derivó en un polo comercial de gran escala.
En 2015, el proyecto se adjudicó a Dorisol – Mercosur Logística Integral – EAG. Esa unión transitoria de empresas derivó posteriormente en la sociedad que hoy opera la estación.
En 2019 la empresa obtuvo la aprobación técnica y legal y en mayo del año
siguiente, en plena pandemia, comenzó la construcción. La estación de servicios que apunta fundamentalmente a turistas y transportistas, comenzó a operar en abril de 2021.
En la mira municipal
Según documentación municipal, la empresa fue intimada en octubre de 2025 a regularizar su situación. Se le aplicó una multa de 200.000 Unidades Tributarias — equivalente a unos 30 millones de pesos al valor actual— y se rechazaron recursos administrativos posteriores.
La comuna sostiene que, vencidos los plazos, la clausura era el paso previsto por la normativa.
Ese marco legal no está en discusión. Lo que sí resulta relevante es el momento en que la medida se ejecutó y el escenario político-empresarial en el que se produce.
Una disputa que excede al combustible
La inhabilitación municipal de la estación de servicio coincidió con una fuerte interna entre Dumit y Vila Santander. La crisis aún tiene final incierto, más allá de la reciente autorización de la administración Lo Presti para volver a operar.
Fuentes del sector estacionero sostienen que el distanciamiento entre los empresarios venía escalando desde hace meses y coinciden en una lectura: la clausura de la YPF fue el episodio visible de una disputa gestada en el negocio de la basura, con mayor peso estructural y económico.
“Hay una pelea interna entre Vila y Dumit, que viene por otro lado y saltó por la estación. Si bien faltan habilitaciones, nunca existieron problemas de seguridad”, afirmó un empresario del rubro. Otro referente agregó: “No tiene nada que ver con el tema administrativo. Existen diferencias societarias que terminaron explotando en la municipalidad”.
El otro negocio
Las diferencias entre Dumit y Vila Santander tienen su origen en el manejo de Selfix, la empresa que tiene la concesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos ubicada en El Borbollón.
Selfix fue constituida en 2018 y fue cambiando de dueños. Primero desembarcaron allegados a Dumit y en 2021 se incorporó como accionista VW S.A., presidida por Vila Santander. Dumit recién ingresó formalmente como socio en septiembre de 2024.
La joven firma ganó en 2021 una licitación organizada por la Empresa Municipal de Obras y Servicios (EMOS SAU), bajo la gestión de Daniel Orozco. En ese momento, el organismo que administraba la planta de tratamiento de residuos era presidido por Lo Presti, mientras que su vice era el actual director de Asuntos Legales de Las Heras, Mauro Homan.
El contrato de residuos tiene un componente institucional relevante. Fue adjudicado durante una gestión municipal y continúa bajo otra, con reacomodamientos políticos en el medio.
Cuando Orozco dejó Cambia Mendoza, intentó hacer caer el contrato con Selfix. No lo logró y la empresa hoy continúa operando en El Borbollón.
La planta recibe residuos del Gobierno provincial y de municipios como Las Heras, Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Lavalle, además de clientes privados. Según fuentes del sector, el valor por tonelada tratada superaba el año pasado los 21.000 pesos. Con miles de toneladas mensuales, el flujo económico es constante y multimillonario.
La ruptura formal
En octubre del año pasado, una asamblea de Selfix dejó constancia documentada de las diferencias internas. Según el acta, se debatieron los gastos ocasionados por VW S.A. como consecuencia de sus reiterados requerimientos de información, así como “las facultades otorgadas…, considerando el accionar del socio VW S.A. en los últimos meses”.
Dumit pretende desplazar a Vila Santander de la empresa. “Es una mina de oro”, dicen conocedores del millonario negocio del tratamiento de residuos que, a diferencia de otros rubros sujetos a vaivenes del mercado, tiene financiamiento público y continuidad garantizadas.
La superposición temporal entre la crisis societaria en Selfix y la clausura de la YPF alimentó suspicacias en el ámbito empresario. La hipótesis principal apunta a una “demostración de poder” de Dumit, valiéndose de sus contactos y presunta influencia en la Municipalidad de Las Heras.
En ese marco, circula una interpretación más profunda sobre el cierre de la estación. Según esa versión, la clausura no fue sólo un episodio derivado de incumplimientos administrativos, sino una herramienta de presión en la disputa por el control de Selfix.
Existen dos lecturas sobre el objetivo final. La primera sostiene que Dumit intentó negociar una salida: permitir que Vila Santander consolidara o ampliara su participación en la estación de Uspallata a cambio de resignar posiciones en el negocio de los residuos. La alternativa no prosperó.
La segunda hipótesis es más estructural. Plantea que la presión apunta a debilitar el esquema actual de concesión —en un predio cuyo dominio pertenece a la Municipalidad de Las Heras— con la mira puesta en un nuevo proceso licitatorio. En ese escenario, el control del complejo de servicios en Uspallata se convierte en una pieza estratégica dentro de una negociación mayor.
A ese tablero se suma una variable adicional: el desarrollo minero en la zona, con PSJ Cobre Mendocino como proyecto más avanzado. Por ubicación y escala, la estación adquiere relevancia logística ante un movimiento extractivo de gran magnitud.
Cruce de intereses
La planta de residuos de El Borbollón y la YPF de Uspallata comparten un rasgo central: son negocios privados que dependen de decisiones públicas, habilitaciones municipales y contratos estatales.
Por eso, el cruce de intereses públicos y privados vuelve inevitable la pregunta sobre el contexto en el que se tomó la decisión. Y aquí aparece el dato político clave: el municipio interviene sobre un emprendimiento operado por socios que, a su vez, están enfrentados dentro de la empresa concesionaria del contrato más relevante de la comuna.
Lo concreto es que Lo Presti estuvo al frente del organismo que otorgó el contrato que hoy está en el centro de la disputa societaria, mientras que Homan fue denunciado por firmar contratos como apoderado de Selfix y funcionario municipal.
Si bien la Municipalidad sostiene que la clausura de la estación en Uspallata se ajustó estrictamente a derecho por diferentes irregularidades, la celeridad de la reapertura refuerza la sospecha instalada en el sector de que el conflicto era, ante todo, un mensaje político. El trámite administrativo se resolvió en días, pero el efecto de la pulseada por el negocio de la basura, en cambio, recién comienza.
Por Federico Brusotti
Diario El Sol