Un tribunal de Londres ordenó al país entregar información detallada sobre cuentas, deudas y contratos con empresas energéticas
La presión judicial sobre la Argentina en el frente externo sumó un nuevo capítulo. Un tribunal del Reino Unido ordenó al Estado argentino revelar, en un plazo de siete días, información sensible sobre sus activos internacionales, en el marco del proceso de ejecución del fallo por el denominado Cupón PBI en euros.
La decisión fue anticipada por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, y constituye una medida de discovery, el mecanismo del sistema judicial anglosajón que permite a los acreedores rastrear bienes y flujos para avanzar en el cobro de sentencias firmes.
Qué información deberá revelar el país
La orden judicial establece con precisión el alcance del requerimiento. La Argentina deberá entregar:
Un listado completo de cuentas bancarias, de corretaje, fiduciarias y de custodia mantenidas en el exterior, tanto a nivel global al 8 de julio de 2024 como específicamente en Estados Unidos al 7 de febrero de 2025.
El detalle de deudas superiores a un millón de dólares que terceros extranjeros mantengan con el Estado argentino al 30 de septiembre de 2024.
Copias de contratos vinculados a concesiones energéticas, petroleras y de exploración offshore firmados entre el Estado y contrapartes extranjeras -o sus filiales locales- a esa misma fecha.
La orden fue dictada en el marco de la ejecución del fallo del caso Cupón PBI en euros, un litigio que la Argentina perdió en todas las instancias disponibles en el Reino Unido y que el gobierno de Javier Milei aún no logró cerrar.
Estadísticas manipuladas y miles de millones en juego
Los Valores Negociables Vinculados al PBI fueron lanzados en 2005 durante el canje de deuda encabezado por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen. Estos instrumentos -conocidos como “cupones PBI”- preveían pagos adicionales a los bonistas cuando el crecimiento económico superaba determinados umbrales.
El conflicto se desató durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando comenzaron los cuestionamientos por la manipulación de los datos oficiales del producto bruto interno publicados por el INDEC.
En 2013, un cambio en la metodología de cálculo dejó el crecimiento anual en 3,2%, apenas por debajo del 3,3% que activaba el pago, lo que derivó en la suspensión de nuevos desembolsos.
Los demandantes -fondos radicados en Islas Caimán y Delaware- poseen cerca del 48% de los cupones en euros emitidos por la Argentina en 2005 y 2010 y acusaron al país de haberlos perjudicado al modificar el cálculo del PBI.
El Tribunal Superior de Londres condenó a la Argentina a pagar 643 millones de euros más intereses, lo que eleva la exposición total a unos 1.330 millones de euros.
Los acreedores ya ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado en marzo mediante una carta de crédito emitida por Santander. Ahora, con la orden de discovery en marcha, la lupa judicial se posa directamente sobre los activos y contratos estratégicos del Estado argentino
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